Ley REP de envases entra a su cuarto año de exigencias: empresas deben acreditar con datos el destino final de sus residuos
En 2026 las metas de valorización de envases no domiciliarios alcanzan hasta 65%, pero solo el 1,5% de residuos municipales fue valorizado.
A tres años del inicio de las obligaciones establecidas por la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) para envases y embalajes, el sistema ingresa en 2026 a su cuarto ciclo de cumplimiento con metas más exigentes y un desafío que va más allá de la recolección: demostrar, con trazabilidad y datos concretos, qué residuos se recuperaron y cuál fue su destino final.
Las exigencias vigentes para este año fijan tasas de valorización de envases no domiciliarios en 51% para metal, 32% para plástico y 65% para papel y cartón. Estas cifras contrastan de forma elocuente con los resultados que arrojó la Radiografía de Residuos Municipales 2024, elaborada por Kyklos y la Asociación Chilena de Municipalidades sobre una muestra de 327 comunas: solo el 1,5% de los residuos fue efectivamente valorizado. La brecha entre ambas métricas refleja la magnitud del trabajo pendiente en toda la cadena de gestión.
Desde Bendito Residuo, empresa especializada en gestión de residuos industriales, advierten que el foco del sector debe desplazarse desde el cumplimiento formal hacia la acreditación documental del flujo de cada residuo. La Ley REP exige que los generadores industriales reporten su producción en el Sistema Nacional de Declaración de Residuos (SINADER) y que solo operen con destinatarios debidamente autorizados y registrados. Asimismo, quienes opten por valorizarse de forma autónoma —o a través de gestores externos— deben informar su decisión al Ministerio del Medio Ambiente antes del 30 de junio de cada año.
El ecosistema REP continúa expandiéndose. El 7 de mayo de 2026 se publicó el decreto que incorpora pilas y aparatos eléctricos y electrónicos al sistema, sumándose a los ya vigentes para neumáticos y aceites lubricantes. Los decretos para baterías y textiles permanecen pendientes, lo que anticipa nuevas obligaciones para distintos sectores productivos en los próximos años.
El contexto social también presiona hacia una mayor acción. Según la Encuesta Ipsos–PUCV 2026, la gestión de residuos lidera con un 26% los problemas ambientales que los chilenos quieren ver resueltos, mientras que la propia Ley REP es identificada por el 11% de los encuestados como uno de los principales legados ambientales del país en las últimas tres décadas.
Para los actores del sector, los desafíos inmediatos se concentran en tres ejes:
- Trazabilidad efectiva: contar con registros auditables que acrediten el tipo, volumen y destino de cada residuo gestionado.
- Cumplimiento documental: asegurar que todos los eslabones de la cadena —productores, gestores y destinatarios— operen dentro del marco regulatorio vigente.
- Preparación anticipada: dimensionar la capacidad operativa antes de que entren en vigor los decretos de nuevas categorías de productos prioritarios.
La Ley REP estableció el marco y los plazos. El reto de 2026 es que las empresas puedan ir más allá del cumplimiento numérico y demostrar con evidencia concreta el impacto real de su gestión.